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  • Resumen

    El AFC de la OMC requiere que los Miembros prevean que cualquier persona que sea objeto de una decisión administrativa adoptada por la aduana tenga el derecho a un recurso o revisión administrativa, y/o a un recurso o revisión ante la justicia. Los procedimientos de recurso administrativo o judicial se deberán llevar a cabo de manera no discriminatoria.

    El Capítulo 10 del Anexo General del Convenio de Kyoto Revisado versa sobre los recursos en materia aduanera. Las normas establecen un proceso de recurso transparente compuesto de distintas etapas, ya que se busca evitar la impresión de una victimización por parte de aquellos que se ven afectados por una decisión aduanera. Además, la posibilidad de gozar de un proceso judicial independiente al final de un recurso debería infundir confianza, entre el público y el sector privado, en las instituciones públicas y especialmente en la administración de aduanas.

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    AFC de la OMC

    1.1. Cada Miembro dispondrá que la persona a quien vaya dirigida una decisión administrativa de la aduana tiene derecho, en su territorio, a lo siguiente:

    a) recurso administrativo ante una autoridad administrativa superior al funcionario u oficina que haya emitido la decisión o independiente de ese funcionario u oficina, o revisión administrativa por tal autoridad;

    y/o

    b) recurso o revisión judicial de la decisión.

    1.2. La legislación de un Miembro podrá requerir que el recurso o revisión administrativo se inicie antes del recurso o revisión judicial.

    1.3. Cada Miembro se asegurará de que sus procedimientos de recurso o revisión se lleven a cabo de manera no discriminatoria.

    1.4. Cada Miembro se asegurará de que, en caso de que el fallo del recurso o la revisión a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1 no se comunique i. en los plazos establecidos en sus leyes o reglamentos o ii. sin demora indebida, el solicitante tenga derecho o bien a interponer un recurso ulterior ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial o solicitar a esas autoridades una revisión ulterior, o bien a interponer cualquier otro recurso ante la autoridad judicial.

    1.5. Cada Miembro se asegurará de que se comuniquen a la persona a que se hace referencia en el párrafo 1 los motivos en que se base la decisión administrativa, a fin de permitir a esa persona recurrir a procedimientos de recurso o revisión cuando sea necesario.

    1.6. Se alienta a cada Miembro a hacer que las disposiciones de este artículo sean aplicables a las decisiones administrativas emitidas por un organismo competente que interviene en la frontera distinto de las aduanas.


    1 En el marco de este artículo, por decisión administrativa se entiende una decisión con efectos jurídicos que afecta a los derechos y obligaciones de una persona específica en un caso dado. Se entenderá que, en el marco de este artículo, una decisión administrativa abarca las medidas administrativas en el sentido del artículo X del GATT de 1994 o la no adopción de medidas o decisiones administrativas de conformidad con lo dispuesto en el derecho interno y el sistema jurídico de un Miembro. Para abordar los casos en que no se adopten medidas o decisiones, los Miembros podrán mantener un mecanismo administrativo o un recurso judicial alternativos con objeto de disponer que la autoridad aduanera emita prontamente una decisión administrativa, en lugar del derecho a recurso o revisión previsto en el apartado a) del párrafo 1.

    2 Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá a un Miembro reconocer el silencio administrativo respecto del recurso o la revisión como una decisión en favor del solicitante de conformidad con sus leyes y reglamentos

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    Convenio de Kyoto Revisado

    Anexo General – Capítulo 10 (Recursos en materia aduanera)

    Este derecho de recurso protege a las personas contra las decisiones de la aduana que puedan no ser conformes a las leyes y reglamentos de las cuales está encargada en cuanto a su gestión y ejecución. También tiene como objetivo proteger a las personas contra las omisiones de la aduana en todas las áreas. Además, la revisión de las decisiones a las que proceda la autoridad competente y las decisiones que adopte pueden ser un medio adecuado a efectos de la aplicación uniforme de las leyes y reglamentos. Según cual sea el sistema jurídico del país de que se trate, estas decisiones serán o no precedentes o interpretaciones oficiales, que se podrán utilizar para resolver conflictos similares en el futuro.

    Las disposiciones de este capítulo establecen un procedimiento de recurso transparente que consta de varias etapas. Su objetivo es garantizar que las personas afectadas por las decisiones de las aduanas no se sientan víctimas. Por otra parte, la posibilidad de introducir, en última instancia, un recurso de apelación ante una autoridad judicial independiente debería aportar a los ciudadanos y las empresas confianza en las instituciones gubernamentales, especialmente en la administración de aduanas

    Este capítulo comprende los recursos en todo lo relativo a las leyes y reglamentos que la aduana está encargada de administrar y aplicar, por ejemplo, en materia de clasificación arancelaria, origen y valoración en aduana, así como los recursos contra las disposiciones de carácter general. No comprende, sin embargo, los recursos en materia penal o contra los dictámenes aduaneros que no son obligatorios


    Anexo General – Capítulo 10 (Recursos en materia aduanera) (
    descargar)

    Directrices relativas al Anexo General del CKR - Capítulo 10 (descargar)

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    Otros instrumentos y herramientas de la OMA

    Prácticas de los Miembros

    Autoridad de recurso en materia aduanera (Nueva Zelandia) (Directrices relativas al Anexo General del CKR - Capítulo 10)

    1. Nueva Zelandia administra la Norma 10.5 por intermedio de la Autoridad de recurso en materia aduanera (CAA).

    2. La CAA es un órgano judicial independiente establecido por la Ley de Aduanas e Impuestos especiales de 1996 que administra el Ministerio de Justicia.

    3. El órgano recibe los recursos planteados contra las evaluaciones, decisiones, determinaciones u orientaciones adoptados de acuerdo al marco jurídico por el Director General de la Aduana de Nueva Zelandia.

    4. La CAA puede confirmar, revocar o enmendar una decisión del Director General de la Aduana de Nueva Zelandia.

    5. Una persona puede depositar un recurso ante la Corte Suprema contra una decisión de la CAA. La Corte Suprema tiene jurisdicción tanto en los asuntos civiles como penales, y trata los casos en primera instancia o en los recursos depositados en otras cortes o en ciertos tribunales.

    6. La CAA se compone actualmente de una persona, nombrada por el Gobernador General siguiendo la recomendación del Ministro de Aduanas y del Ministro de Justicia. Sin embargo, en su caso se puede establecer más de una Autoridad. Las audiencias se realizan en todo el país.

    7. La CAA permite un acceso fácil y de bajo coste a los recursos respecto a las decisiones del Director General de Aduanas de Nueva Zelandia. La CAA es independiente de la Administración de Aduanas de Nueva Zelandia y puede tramitar casos en base de los documentos, sin que las partes hagan acto de presencia.

    8. Las disposiciones legales que rigen la CAA constan en la Ley de Aduanas e Impuestos especiales de 1996, Parte 16, Autoridades de recurso en materia aduanera (secciones 244 a 274). La Parte 16 se refiere a la creación y funcionamiento de la CAA.

    9. La Ley de Aduanas e Impuestos especiales de 1996 se puede consultar en el sitio siguiente de Internet: www.legislation.govt.nz.

    10. Las recientes enmiendas a la Ley de 1996 sobre aduanas e impuestos especiales refuerzan la Norma 10.5. Las disposiciones de recurso en relación con los bienes incautados por el decomiso se han cambiado y ahora permiten presentar un recurso en primera instancia ante el Director General, y si la persona no está satisfecha con la decisión del Director General, tiene un derecho de recurso ante la CAA.


    Tribunal de los Estados Unidos para el Comercio Internacional (EU) (Directrices relativas al Anexo General del CKR - Capítulo 10)

    • Mucho antes de ingresar como Parte Contratante en el Convenio de Kyoto de origen o en el revisado, los Estados Unidos tenían un procedimiento de recurso mediante el cual las personas que eran objeto de una decisión administrativa adversa por parte de la aduana, podían solicitar la revisión de esa decisión, en un inicio ante el Tribunal de Aduanas de los Estados Unidos y luego ante su sucesor, el Tribunal de los Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIT).

    • La Ley del Tribunal de Aduanas de 1980 llevó a la creación del USCIT, en sustitución del Tribunal de Aduanas de los Estados Unidos establecido hacía 90 años. El USCIT se ocupa de casos relacionados con el comercio internacional, incluidas las apelaciones y controversias presentadas ante diversas autoridades de los Estados Unidos, tales como la administración de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La Ley del Tribunal de Aduanas de 1980 se adoptó debido a la complejidad y amplitud crecientes de las controversias relacionadas con las aduanas y el comercio internacional, y su objetivo era mejorar la eficacia del sistema judicial federal en los litigios que se dan en el comercio internacional

    • El USCIT forma parte del poder judicial de la Administración de los Estados Unidos, y goza de absoluta independencia del Poder Ejecutivo que rige el servicio CBP y otros organismos encargados de la aplicación de las leyes. Según la naturaleza de los casos tratados, el procedimiento de recurso debe iniciarse dentro de un plazo específico fijado por la ley. Más detalles sobre los plazos para solicitar una revisión de las disputas por los tribunales se encuentran, por ejemplo, en el Título 28, párrafo 2636 del Código de los Estados Unidos.

    • El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal tiene la jurisdicción exclusiva sobre los recursos del USCIT; los recursos posteriores son competencia de la Corte Suprema, que tiene a su cargo las decisiones en última instancia.

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    Indicadores de resultados

    Pregunta con respuesta obligatoria (Sí/No)

    • ¿Su administración dispone de procedimientos de recurso o revisión, antes de proceder a los procedimientos ante la justicia?


    Indicadores cuantitativos

    • Número de revisiones o recursos administrativos presentados anualmente

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